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14 de octubre del 2004


NUEVO INFORME ENCUENTRA QUE EL SISTEMA CRIMINAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS ES INJUSTO PARA LOS LATINOS

Los latinos están encarcelados en proporciones preocupantes y le hacen frente a prácticas discriminatorias sistemáticas

Washington, DC – El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), la organización hispana de derechos civiles más importante de la nación, publicó un informe hoy que reporta que los hispanos están desproporcionadamente representados en el sistema criminal de justicia de los Estados Unidos, con los acusados hispanos siendo encarcelados tres veces más a menudo que los blancos y detenidos antes del juicio casi dos veces más a menudo que los blancos, a pesar de ser el grupo con menos probabilidades de todos los grupos étnicos de tener un historial criminal. Según Lost Opportunities: The Reality of Latinos in the U.S. Criminal Justice System, los hispanos constituyeron el 13% de la población de los Estados Unidos en el 2000, pero constituyen el 31% de los encarcelados en el sistema criminal federal de justicia. Los latinos en los Estados Unidos tienen una oportunidad en seis de ser confinados en la prisión durante el transcurso de sus vidas.

"Es evidente que el sistema criminal de justicia en éste país no es justo para los hispanos," dijo Janet Murguia, la directora ejecutiva y gerente de operaciones de NCLR. “Encuestas recientes demuestran que a los latinos les importa mucho proteger la seguridad pública y luchar contra el crimen, pero reconocen que ser duro con el crimen no es siempre igual a ser inteligente contra el crimen. Nuestra comunidad está perdiendo una generación entera de gente, y eso es inaceptable. Lo que necesitamos es un sistema que funcione mejor en lo referente a proteger la seguridad pública sin destruir vidas y perder recursos. Los temas del crimen y de la justicia son el nuevo punto focal para los derechos civiles en el siglo XXI."

Lost Opportunities, escrito por NCLR, Center for Youth Policy Research (CYPR), y la Michigan State University’s (MSU) Office of University Outreach & Engagement, es el primer análisis comprensivo de los latinos en cada faceta del sistema criminal de justicia – desde el arresto hasta la condena, incluyendo justicia juvenil. El análisis se basa en datos de fuentes gubernamentales, incluyendo la Bureau of Justice Statistics y la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Lost Opportunities ofrece recomendaciones de política - incluyendo estrategias comunitarias como alternativas al encarcelamiento - para tratar los temas de justicia criminal que afectan a los latinos y que proporcionan modelos que los estados pueden replicar.

"Este estudio documenta concluyentemente las prácticas discriminatorias del sistema criminal de justicia contra la más grande y creciente población minoritaria de la nación," dijo Nancy E. Walker, presidenta e investigadora principal de CYPR y profesora adjunta de MSU, y uno de los autores del informe. "Esta denuncia del sistema viene de las estadísticas del propio gobierno. Nuestra nación no puede darse el lujo de ignorar la apremiante necesidad de reformar nuestro sistema que ilustran éstos números. Sería costoso, en términos humanos y monetarios, que sigamos procediendo como lo hacemos hoy."

En Lost Opportunities, los autores encontraron que las injusticias que sufren los hispanos en el sistema criminal de justicia provienen de una variedad de factores: iniciativas legislativas, tales como condenas "mínimas" obligatorias, la "guerra contra las drogas," y la "guerra contra el crimen," que han causado el aumento en la proporción de encarcelamiento por delitos menores relacionados con las drogas y las violaciones de inmigración; prácticas discriminatorias sistemáticas en aplicación de la ley y procedimientos de la corte - por ejemplo exagerar el potencial criminal de ciertos comportamientos y contratar a personal que a menudo no es ni bilingüe ni culturalmente competente puede resultar en una más alta proporción de encarcelamiento para los latinos; e incluso representaciones perjudiciales de los medios de comunicación que crean opiniones públicas negativas y prejuicios sobre los latinos en general.

Otros resultados principales sobre el tratamiento dispar que los hispanos reciben incluyen:

  • Los latinos son víctinas de la discriminación durante la detención, el procesamiento, y la condena y tienen más probabilidades de ser encarcelados que los blancos acusados de las mismas ofensas. Los problemas en la etapa del arresto incluyen usar el perfil racial y concentrarse en vecindarios pobres, y con "mucho crimen", prácticas que usualmente tienen un impacto sobre las personas de color. Los hispanos están desproporcionadamente representados por asesoría legal pública y nombrada por la corte, los que sufren de exceso de trabajo y mala paga. De los demandados encontrados culpables en grandes cortes estatales desde 1994 hasta 1998, el 71% de los representados por asesoría legal pública fueron condenados al encarcelamiento, con respecto a solamente el 54% de los demandados con abogados privados. Las sentencias "mínimas obligatorias" dan lugar a las condenas que son demasiado severas para algunos delincuentes menores, y muchas veces las cortes no tienen documentos en español disponibles ni proporcionan traductores cuando son necesarios.

  • Los latinos son acusados más a menudo de delitos menores relacionados con las drogas. Aunque la estadística federal de salud demuestra que las tasas del uso de la droga por capita entre los blancos y las minorías son notablemente similares, los hispanos fueron arrestados por la Drug Enforcement Agency en 2001 en una cantidad casi tres veces su proporción en la población en general, y constituyeron casi la mitad (el 43%) de los individuos condenados por ofensas relacionadas con la droga en el 2000. Mientras que el encarcelamiento para las ofensas relacionadas con las drogas aumentó – desde un 16% en 1970 hasta el 55% en el 2002 – de igual manera aumentó la población hispana de la prisión.

  • Los latinos constituyen la gran mayoría de los que son arrestados para violaciones de inmigración. Las detenciones por las ofensas de inmigración aumentaron un 610% en diez años - desde 1.728 en 1990 hasta 12.266 en el 2000. Una lista creciente de más de 50 crímenes - incluyendo ofensas consideras delitos menores bajo la ley estatal, tales como robar en tiendas o pelear en la escuela - pueden provocar la deportación. Sin embargo, según datos de la oficina federal de prisiones, los ciudadanos de los Estados Unidos tienen diez veces más probabilidades que los inmigrantes de ser encarcelados por ofensas violentas.

  • Las alternativas comunitarias a la encarcelación para los delincuentes no violentos, acusados de delitos menores protegerían mejor la seguridad pública, rehabilitarían a los delincuentes, reducirían el crimen, y ahorrarían dinero. La opción más costosa - y más común - del sistema criminal de justicia para los delincuentes no violentos y de ofensas menores relacionadas con las drogas, es el encarcemalmiento a un costo promedio anual de cerca de $23.500. Las alternativas al encarcelamiento recomendadas en Lost Opportunities incluyen la corte de droga, programas ambulatorios de tratamiento para las drogas, y el tratamiento residencial no hospitalario; éstos reducen la reincidencia y tienen costos promedio anuales de menos de $4.617. Un estudio de Rand Corporation encontró que por cada dólar invertido en tratamiento de droga y de alcohol, un estado puede ahorrar $7 en costos relacionados con el crimen.

"Llamamos a éste estudio ‘Lost Opportunities’ por una razón," dijo J. Michael Senger, abogado principal de CYPR y autor del informe. "Al depender demasiado en la prisión como una solución para todos los problemas, nuestro país no ha podido separar a los delincuentes menores, no violentos que pueden ser rehabilitados de los criminales empedernidos que deben ser encerrados. Esto es en verdad una oportunidad perdida para todos nosotros - para que los delincuenes puedan ser ciudadanos productivos, para que las comunidades latinas se beneficien de todos sus miembros, y para que nuestra nación total se beneficie del talento, trabajo, y de los impuestos que ellos potencialmente podrían contribuir."

Historias de éxito a las cuales los autores señalan como modelos para otros estados incluyen Texas, que ahorró casi $30 millones al enviar a delincuentes a un programa de droga estatal en vez de encarcelarlos, y California, en donde los legisladores están considerando el cerrar de una o dos prisiones de mujeres debido al éxito que han tenido desviando a más de 12.000 individuos de la prisión a los programas de tratamiento. Los participantes de la corte de droga de Texas después de los dos años tenían tasas perceptiblemente más bajas de reincidencia para el arresto y el encarcelamiento. De todos los grupos étnicos, los hispanos son el grupo con menos probabilidades de tener la oportunidad de participar en programas de prevención y tratamiento de abuso de sustancia.

"Tenemos que mirar el impacto perjudicial que nuestra estrategia de justicia criminal tiene sobre la juventud latina. El número de jóvenes hispanos en el sistema de justicia ha aumentado perceptiblemente, lo que ha desgastado a nuestra comunidad, "dijo Francisco A. Villarruel, profesor de ecología infantil y familiar de MSU y autor del informe. "Necesitamos más programas comunitarios para ayudar a poner a éstos jóvenes en el camino hacia la universidad en vez de la prisión."

La legislación para tratar los problemas con el sistema criminal de justicia y para considerar alternativas al encarcelamiento ha ganado apoyo bipartidario en el congreso. La ley “End Racial Profiling of 2004” (H.R. 3847 y S. 2132) intentaría reformar actividades de aplicación de la ley para prevenir el uso del perfil racial, y la ley “Second Chance of 2004: Community Safety through Recidivism Prevention” (H.R. 4676 y S. 2789) reduciría la reincidencia asegurándose de que las personas que salen de la cárcel reciban los servicios de entrenamiento y de tratamiento que necesitan para mantener sus trabajos y convertise en miembros productivos de la sociedad.

"El congreso ahora debe actuar para aprobar la legislación pendiente que reformaría y mejoraría el sistema criminal de justicia," dijo Janet Murguia. "Las reformas como la ley que elimina el uso del perfil racial y la ley Second Chance ayudarían no solamente a mejorar la seguridad pública, sino que ayudaría a restaurar la confianza de la comunidad latina en nuestro sistema de justicia."

Los resultados principales de Lost Opportunities: The Reality of Latinos in the U.S. Criminal Justice System están publicados en la página de Internet de NCLR en www.nclr.org.

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Topic: Civil Rights and Justice
 

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