El 80% de los examinadores de habla hispana se enfrentaron a importantes obstáculos en DHS

Washington, DC – Un estudio independiente comisionado por el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), la organización latina de derechos civiles más importante de la nación, descubrió que las barreras lingüísticas y prácticas discriminatorias relacionadas en el Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) del Distrito de Columbia han limitado drásticamente el acceso a los servicios médicos, tales como Medicaid, para la numerosa comunidad de habla hispana del Distrito. Según el informe, el 80% de los latinos de habla hispana que participaron en visitas y pruebas telefónicas tuvieron que enfrentar por lo menos un obstáculo serio en la obtención de beneficios médicos vitales en DHS.

"Este es el primer estudio para comparar el trato de los latinos de habla hispana y de los no latinos que hablan inglés que buscan seguro médico, y los resultados son atroces. La enorme disparidad en los servicios médicos y el trato personal que estas personas de habla hispana recibieron del Departamento de Servicios Humanos del Distrito de Columbia es inaceptable y claramente viola la ley federal y de la ciudad," dijo Janet Murguia, presidente y gerente general de NCLR. “La gente está en su momento más vulnerable al buscar ayuda médica para sí mismos y sus niños. Ellos merecen mejor trato, al igual que lo merece cada persona en nuestra ciudad. En el momento en que se les cierran las puertas al acceso a asistencia médica básica a un grupo de personas, se convierte en una crisis de salud pública para todos nosotros."

El Equal Rights Center (ERC), una organización sin fines de lucro de derechos civiles que fue comisionada por NCLR para administrar la prueba, enviaba juntos a un examinador protegido (de habla hispana) y a uno de control (no latino que habla inglés) a finales de 2003 a los centros de DHS situados en 508 Kennedy Street N.W. y 645 H Street N.E. Los examinadores también hicieron llamadas telefónicas a los centros apropiados de DHS. Los examinadores protegidos y de control solicitaron información sobre la obtención de beneficios médicos para sus niños ciudadanos americanos. Los examinadores clasificaron sus experiencias según cinco factores, incluyendo si el personal de DHS les proporcionó servicios y solicitudes para beneficios y si les respondió su solicitud para información adicional en el lenguaje apropiado, y si el personal de DHS hizo algún comentario para desalentarlos ó hizo preguntas que no estaban relacionadas con la elegibilidad para los beneficios. También se llevaron a cabo pruebas telefónicas de seguimiento a finales de 2004.

"Nuestro análisis encontró que los examinadores latinos de habla hispana experimentaron una tasa de 20% a 30% de discriminación en cada factor evaluado al visitar las instalaciones de DHS," dijo Bruce E. Kahn, director ejecutivo de ERC. “A algunos se les hicieron preguntas inadecuadas que no eran relevantes a sus solicitudes para beneficios. En nuestras llamadas telefónicas de seguimiento, encontramos que aproximadamente dos de cada tres veces que se hizo una llamada no había ningún representante de habla hispana disponible en DHS. Dado que la salud pública está en juego, esto señala una seria falta en la provisición obligatoria de servicios necesarios."

"El tener una ley federal en vigencia por 40 años debe haber forzado al Distrito a cumplir con los requisitos lingüísticos que permitan que los latinos de habla hispana tengan acceso a beneficios médicos de DHS," dijo el Dr. Juan Romagoza, director ejecutivo de La Clínica del Pueblo, una clínica médica comunitaria bilingüe y bicultural sin fines de lucro, en el Distrito. "El que el consejo de la ciudad haya aprobado la ley de acceso lingüístico hace un año debió haber solucionado la situación finalmente. Aunque han habido algunas mejoras, ésta prueba demuestra que el problema está lejos de ser resuelto. ¿Cuándo tomará en serio este problema el Departamento de Servicios Humanos del Distrito? Estamos hablando de la salud y el derecho de las personas a obtener asistencia médica apropiada según lo especificado por la ley."

Como resultado del estudio comisionado por NCLR, el Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs (WLC) está comunicándose con la comunidad latina en Washington, D.C. para documentar más detalladamente la seriedad y consecuencias de la negativa discriminatoria al acceso a los beneficios gubernamentales de salud. Durante los próximos meses, instarán a los hispanos en el Distrito a ponerse en contacto con WLC para contar sus propias experiencias durante su búsqueda de beneficios médicos en el DHS del Distrito.

"Si el alcalde Williams y el consejo de la ciudad no toman acción para corregir este serio problema de una vez por todas, nos forzarán a examinar todas nuestras opciones legales en las leyes federales y del Distrito," dijo Denise Gilman, directora del proyecto de derechos del inmigrante y del refugiado del WLC. “Animamos a individuos que han sufrido este tipo de discriminación en el DHS a que se pongan en contacto con el Washington Lawyers’ Committee. Como mínimo, estaremos entablando quejas por violación a los derechos civiles con las agencias locales y federales relevantes."

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