Washington, D.C. – El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), la organización latina de derechos civiles y abogacía más importante de la nación, expresó hoy su fuerte oposición a H.R. 1279, la ley “Gang Deterrence and Community Protection Act of 2005” – cuyo debate en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos esta programado para la semana próxima – indicando que la ley minaría la seguridad pública y no haría nada para prevenir el crimen.

"No hay comunidad más afectada por el problema de las pandillas que la comunidad latina y ninguna comunidad tiene más invertido en ganar la lucha contra la violencia de las pandillas. Aún así, esta legislación, patrocinada como una medida `dura contra el crimen,' no reducirá el crimen ni protegerá a las comunidades," indicó Janet Murguia, presidente y gerente general de NCLR.

Entre sus provisiones importantes, H.R. 1279 transferiría a más jóvenes al sistema criminal de justicia para adultos. "La evidencia es clara – el poner a jóvenes en el sistema criminal de justicia para adultos, aumenta el crimen, no lo disminuye. Una vez que sean puestos en libertad, los jóvenes juzgados como adultos tienen más probabilidad de cometer otro crimen, a menudo más violento, más rápido que los jóvenes juzgados como delincuentes juveniles. También están en mayor riesgo para la violencia durante su encarcelamiento."

La propuesta de ley también creará una nueva categoría de crímenes – "crímenes de pandillas – por los cuales se impondrán condenas mínimas obligatorias. "Se ha comprobado que las pautas para las condenas mínimas obligatorias son discriminatorias contra comunidades de la minoría, dando como resultado condenas más severas y términos carcelarios más largos – por los mismos crímenes – para los afroamericanos y los latinos que para los blancos. Centrándose en medidas punitivas en vez de medidas más efectivas de prevención y programas de intervención, H.R. 1279 virtualmente garantiza que perderemos a otra generación a una vida del crimen," observó Murguia.

Por último, la propuesta de ley amplía la definición de "pandilla criminal callejera" para incluir un grupo de tres o más que cometan por lo menos dos ofensas, incluyendo delitos menores. "Estamos extremadamente preocupados por el efecto profundamente destructivo que tendrá sobre nuestras comunidades el que tilden a niños inocentes de presuntos miembros de una pandilla," continuó Murguia.

"Debemos eliminar la plaga de la violencia de pandillas en nuestro país pero necesitamos hacerlo de una manera elegante, eficaz, y justa. El Congreso debe rechazar H.R. 1279 y en su lugar debe proporcionar más ayuda para la prevención, el tratamiento, y alternativas a programas carcelarios y más recursos a aquellos al frente de estos temas – nuestros sistemas de justicia estatales y locales," concluyó Murguia.

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